Doña Andrea Jerez, del barrio Tagusa Norte de Aguilares, asegura que todos los vecinos de la zona viven ahora un poco más tranquilos. Es a partir de que se aclararan los robos que se venían sucediendo en el Depósito Judicial de rodados que hay en el lugar. La Justicia procesó por el hecho a cinco personas, entre ellas un policía.

El 21 de julio se descubrió que se había producido un robo en ese lugar. El fiscal Ramón Enrique Rojas comenzó a investigar el caso. Descubrió que el policía a cambio de $ 15.000 entregó el motor completo de un automóvil Chevrolet Onix, la parte alta del motor de un Volkswagen Gol, dos ruedas traseras, el tapizado interior de ambas puertas delanteras, un equipo de audio completo y otras piezas como parabrisas, cables mangueras y espejos retrovisores.

Con el correr de los días descubrieron otros datos importantes. Por ejemplo, que los elementos sustraídos habían sido sacados de vehículos que estaban dados de baja por las compañías de seguro o que nunca habían sido reclamadas por sus titulares. En otras palabras, alguien de la fuerza brindaba esa información clave. Por esa razón, se amplió la investigación. Al jefe de Policía, Manuel Bernachi, no le tembló el pulso y puso en disponibilidad a un importante número de efectivos que prestaba servicios en esa dependencia policial.

“Lo bueno es que logramos desarticular en parte el mercado negro que conseguía moto y autopartes y luego las comercializaba”, explicó el fiscal que logró que a los cinco sospechosos se les dictara la prisión preventiva. “La investigación continúa, pero en el ámbito del Ministerio Público Fiscal comenzamos a mantener reuniones para ver cómo se puede solucionar el problema que genera tener semejante cantidad de secuestros en ese lugar”, agregó.

Hasta hace pocos días la mayoría de los vecinos vivía bajo la mira permanente de los investigadores. “Uno veía a un hombre uniformado que se instalaba ahí y vendía motos y auto partes como si se tratara de un negocio de chatarras. Y lo más curioso es que después cuando se descubrían los faltantes nos venían a investigar. Todos estábamos sospechados de ser ladrones”, contó la mujer.

El depósito en cuestión está en ese lugar desde hace más de 10 años. Hay montículos de cientos de motos y autos secuestrados por diversas causas judiciales, algunos muy destruidos al haber protagonizado accidentes. En inmediaciones funciona el Matadero Municipal. Hace poco tiempo se instaló cerca el obrador de un fabricante de hormigones.

“El depósito durante años estuvo casi tapado por los matorrales. Ahora el sector está despejado gracias a esa empresa”, apuntó Andrea. Los pobladores del Tagusa Norte anhelan definitivamente que el depósito sea trasladado a otro lugar. Y no solo por representar un atractivo botín para los ladrones que -según dicen- se hacen su festín todas las noches, sino además por la cantidad de alimañas, roedores y ofidios que proliferan entre el chatarrerío y que en el verano invaden las casas de familias.

“Los pericotes parecen conejos. Y las arañas son de las llamadas Pollitos. Dan terror. Desde la puerta de mi casa mi marido logró atrapar una enorme víbora que iba ingresando al interior en que estaban mis hijos. De ahí que hemos pedido al municipio que haga algo para que se disponga de otro terreno para ese depósito”, expuso Karina Soloaga.

“Este barrio cambió bastante a partir de que la intendenta Elia Mansilla mejoró las calles e instaló luces modernas. Pero la montaña de chatarras es un problema para la vecindad”, apuntó.

Reacción
“El caso generó una autodepuración”

“Lo sucedido en el depósito judicial ya está en manos de la justicia  a partir de una investigación que inició nuestra institución. Se descubrió que uno de los hombres de la fuerza estaría implicado. Y no se dudó en actuar en consecuencia. Así se produjo una especie de autodepuración”, señaló el jefe de la Unidad Regional Sur Raúl Cornejo.

“No todos entramos en la misma bolsa. De ahí nuestra responsabilidad de ajustarnos a los principios de acción que nos rigen. El que no lo hace se tiene que ir”, advirtió el comisario.

Cornejo admitió que representa una enorme responsabilidad mantener  bajo custodia a veces durante años montañas de rodados, algunos obsoletos, otros destruidos y otros no tantos. “En el depósito judicial que funciona en la sede de los bomberos en Concepción, tenemos más de 2.000 motos secuestradas. En el de Aguilares también existe otra enorme cantidad. Y son rodados que están listos para ser compactados tras ser inventariados. Hay una ley de compactación desde hace tiempo que se la tiene que aplicar”, planteó Cornejo en la entrevista con LA GACETA.  
El funcionario precisó que hay vehículos secuestrados que nunca fueron reclamados por sus propietarios o autos que resultaron muy destruidos en accidentes viales.